Hacia un nuevo pacto urbano: vivienda asequible, corresponsabilidad y visión metropolitana
La discusión inmobiliaria en las grandes ciudades mexicanas suele polarizarse entre el legítimo malestar social frente al encarecimiento de la vida y la necesidad impostergable de generar oferta habitacional. Sin embargo, abordar este dilema exige valentía crítica, diálogo abierto y, sobre todo, capacidad de autocrítica dentro de la propia industria.
Durante su participación en un panel convocado por AMPI, Jorge Gordon —vicepresidente en Canadevi y director general de Grupo Urbania— expuso con claridad una de las reflexiones más necesarias para el sector: el modelo actual está agotado y requiere un nuevo pacto urbano fundamentado en la vivienda asequible, la corresponsabilidad social y la modernización regulatoria.
1. Reconocer la deuda histórica: la diversidad social en la vivienda
Con más de dos décadas de trayectoria en el ramo habitacional, Gordon enfatizó que el punto de partida es la honestidad sobre la situación del mercado: como ecosistema (sociedad, autoridades y desarrolladores), se descuidó la producción de vivienda incluyente y asequible para quienes más la necesitan.
La ausencia de opciones para sectores medios y populares en zonas centrales no solo detona fenómenos como la gentrificación y el desplazamiento periférico, sino que genera una comprensible fractura social. Atender este desequilibrio no es una concesión benéfica, sino una urgencia estructural para la sustentabilidad de las urbes.
2. De «mitigaciones» a infraestructura visible
Uno de los puntos medulares expuestos por el directivo es la urgencia de cambiar la percepción y el destino de las cargas de impacto urbano. Tradicionalmente vistas como un mero trámite administrativo, las aportaciones de los desarrollos deben traducirse en beneficios tangibles para las comunidades receptoras:
- Transparencia y trazabilidad: Demostrar con claridad en qué se convierten las contribuciones del desarrollo inmobiliario (redes hidráulicas, drenaje, rescate de espacios públicos).
- Beneficio directo para el vecino: El descontento vecinal es comprensible cuando se percibe una obra nueva sin ver mejoras simultáneas en los servicios locales. Sustituir el concepto burocrático de «mitigación» por el de «mejoras de infraestructura local» es el primer paso para reconstruir la confianza comunitaria.
- Casos de impacto comprobable: Desde la donación de predios estratégicos —como los terrenos otorgados tras incidentes de deslave en el Cerro del Chiquihuite o proyectos de vivienda en Norma 26—, la colaboración público-privada puede y debe resolver problemas reales de habitabilidad.
3. Pensar en escala metropolitana, no en fronteras artificiales
Las dinámicas urbanas no se detienen en los límites territoriales de una alcaldía o municipio. Para Jorge Gordon, programas como la gobernanza y ordenamiento metropolitano son indispensables para coordinar movilidad e infraestructura.
Resulta ilógico planear sistemas de transporte masivo o reservas territoriales con fronteras rígidas cuando millones de personas cruzan diariamente entre el Estado de México y la Ciudad de México. La visión tiene que ser integral, coordinada y de gran escala.
4. Actualización de reglas y densidades inteligentes
Seguir operando con marcos urbanos desactualizados perpetúa la escasez. Gordon ilustró la problemática con ejemplos cotidianos en colonias consolidadas: predios con potencial donde las normativas limitan la densidad a un puñado de viviendas de alto valor, impidiendo la creación de unidades accesibles bajo esquemas de densificación adecuada con topes de precio.
Ajustar las normas para permitir densidades acordes a la infraestructura existente abriría la puerta a que profesionistas, jóvenes y familias puedan habitar en áreas centrales con acceso a transporte y empleo.
5. El costo más alto: la parálisis en la toma de decisiones
El cierre de la reflexión dejó una advertencia contundente para tomadores de decisiones y actores del mercado:
«La parálisis en la toma de decisiones es mucho más cara que tomar decisiones.»
Detener la construcción o postergar la actualización normativa no frena el crecimiento poblacional ni la demanda de techo; únicamente encarece el suelo y expulsa a las nuevas generaciones hacia la periferia lejana. La verdadera sustentabilidad radica en garantizar que las generaciones presentes resuelvan sus necesidades de vivienda sin comprometer el patrimonio ni el futuro de los jóvenes.