Licencias de Construcción en CDMX: Hasta 4 Años de Espera y el Desaliento a la Inversión Inmobiliaria
El sector inmobiliario en la Ciudad de México atraviesa uno de sus momentos más críticos en términos de tramitología y viabilidad de proyectos. Recientemente, el reconocido notario e intelectual Ignacio Morales Lechuga, en un análisis difundido por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), puso sobre la mesa una dura realidad que golpea directamente a la industria: obtener una licencia de construcción para un edificio en la capital puede tomar de 3 a 4 años, mientras que tramitar el permiso para una casa habitación oscila entre los 2 años y medio y 3 años.
Esta abismal diferencia contrasta de manera alarmante con otras urbes de América Latina. A modo de ejemplo, el notario señaló que en Lima, Perú, una licencia de construcción se emite en un plazo aproximado de 4 meses.
¿Cuáles son las causas de este rezago histórico?
Durante su intervención, Morales Lechuga no dudó en señalar los factores estructurales e institucionales que provocan este cuello de botella burocrático, agrupándolos principalmente en dos vertientes:
- Exceso de regulación y tramitología excesiva: El volumen de requisitos, normativas y publicaciones previas que se exigen antes de colocar la primera piedra es abrumador. Se solicitan estudios de todo tipo que convierten el proceso en un laberinto administrativo interminable.
- Ineptitud institucional y presión social desordenada: A esto se suman conflictos recurrentes con oposiciones vecinales o grupos que se autoadscriben como pueblos originarios sin sustento legal en los procedimientos de organización territorial, frenando obras amparadas bajo la premisa de inconformidades tardías.
Cuando los desarrolladores o particulares recurren al juicio de amparo para defender la legalidad de sus proyectos, los procesos judiciales pueden prolongarse durante años, creando un escenario de inseguridad jurídica permanente.
El verdadero costo: Capital detenido y encarecimiento de la vivienda
Las consecuencias de esta parálisis institucional impactan directamente en toda la cadena de valor del sector inmobiliario y en el bolsillo de los ciudadanos:
- Capital inmovilizado: Ningún inversionista o fondo de capital desea mantener recursos financieros detenidos durante 3 o 4 años sin poder producir ni generar retornos.
- Inflación en el costo final: Al retrasar los proyectos y encarecer los costos operativos y de gestión, la oferta de vivienda nueva se contrae drásticamente, elevando de forma inevitable los precios de venta y renta en la CDMX.
- Discursos oficiales vs. Realidad: Con frecuencia, los discursos gubernamentales apuntan a los desarrolladores como los “villanos” responsables de la carestía habitacional. Sin embargo, la sobre Burocratización y la lentitud gubernamental terminan asfixiando la inversión formal, empujando al mercado hacia la informalidad o inhibiendo la construcción de nuevos desarrollos.
Conclusión
La advertencia de la Barra Mexicana de Abogados y de figuras expertas como Ignacio Morales Lechuga es un llamado urgente a la digitalización, simplificación y mejora regulatoria en la administración pública de la Ciudad de México. Si realmente se busca garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible para los capitalinos, el primer paso indispensable es destrabar los permisos de construcción, reduciendo los tiempos de espera a estándares competitivos a nivel internacional y otorgando certidumbre jurídica a la inversión privada.
